Se desató malestar social por la privatización de los servicio de agua en los estados de Quintana Roo, Puebla, Querétaro y Jalisco entre otras entidades. 

Para Quintana Roo y Puebla la concesionarias integrales y Aguakán sufrieron reclamos por parte de los habitantes por abuso y mal servicio. 

Por su parte defensores ambientales señalan que el fin los grandes consumidores del recursos sólo buscan sacar adelante sus proyectos sin importarles el bien común. 

El argumento se comprobó de manera parcial, pues la mercantilización del agua tenía el propósito de hacer más eficiente el uso y el manejo, sin embargo los usuarios terminan pagando por el recurso y tarifas por el servicio.

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