A partir de hoy, 29 de agosto de 2024, entran en vigor los cambios a la Ley de Vivienda de la Ciudad de México, publicados ayer en la Gaceta Oficial, con el objetivo de combatir el incremento irregular y desmedido de rentas. Estos cambios también establecen un tope máximo de aumento anual, alineado con la inflación reportada por el Banco de México.

Principales cambios de la reforma:

Límite al aumento de rentas: El incremento del precio de la renta en cualquier tipo de inmueble ahora estará limitado a la inflación del año anterior, a diferencia del anterior tope del 10% anual.

Registro digital de contratos de arrendamiento: Se implementará un registro digital obligatorio para los contratos de arrendamiento, que deberán ser registrados por el arrendador dentro de los 30 días posteriores a su firma. Este registro será manejado por el Gobierno de la Ciudad de México y estará protegido por la Ley de Transparencia y la Ley de Protección de Datos Personales, garantizando que no se hará público sin una resolución judicial.

Producción pública de vivienda asequible: Se añadió una fracción Bis al Artículo 5, estableciendo la figura de producción pública de vivienda para arrendamiento, destinada a personas de bajos recursos, incluyendo trabajadores, madres solteras y jóvenes entre 18 y 35 años.

Acceso ampliado a la vivienda: El Artículo 24 asegura que un mayor número de personas tendrá acceso a la vivienda a través de mecanismos que prioricen a las poblaciones más vulnerables.

Reacciones a la reforma:

El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, celebró la aprobación de estas medidas, señalando que ayudarán a frenar los aumentos excesivos en los costos de arrendamiento y a reducir la brecha entre la inflación y las rentas. Además, subrayó la importancia de la continuidad de estas políticas en la próxima administración de Clara Brugada, de Morena, y destacó que estas reformas están alineadas con la promesa de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, de construir un millón de viviendas para comunidades de escasos recursos, que serán rentadas y eventualmente podrán ser compradas.

Estas modificaciones representan un paso significativo en la protección de los derechos de los inquilinos en la Ciudad de México, buscando equilibrar las necesidades de vivienda asequible con la estabilidad económica de los arrendadores.

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