Comida de calidad, nutritiva y suficiente es ley de derecho

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó y envió al Ejecutivo la Ley General de la Alimentación Adecuada y Sostenible, con el respaldo de todas las bancadas. Esta ley tiene como objetivo asegurar la producción y abasto suficiente de comestibles nutritivos y económicos, fortaleciendo así la autosuficiencia, soberanía y seguridad alimentaria del país.

La legislación garantiza el derecho de todas las personas, tanto de manera individual como colectiva, a una alimentación adecuada y al acceso físico y económico a alimentos nutritivos y seguros para el consumo diario.

La nueva disposición también contempla el derecho al agua para consumo personal y doméstico en cantidad suficiente, así como la prioridad de la producción familiar o comunitaria de alimentos.

Además, las empresas estarán obligadas a informar sobre el uso de transgénicos en alimentos procesados, y se prohíbe a los supermercados desechar alimentos en condiciones aptas para el consumo, promoviendo su donación.

La ley resalta que, según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, en 2016, el 21.9% de la población mexicana padecía carencias por acceso a una alimentación nutritiva y de calidad, cifra que en 2018 aumentó al 22.2%.

Asimismo, la normativa incluye el derecho de las personas a una cantidad mínima de comida que cubra sus requerimientos alimentarios básicos para vivir con dignidad, protegiéndolas contra el hambre y la malnutrición.

Entre las obligaciones del gobierno federal, se establece que la Secretaría de Salud sugerirá el contenido de canastas normativas en los estados, que determinarán paquetes regionales con alimentos producidos local o regionalmente y derivados de una producción sostenible.

También se obliga a los estados y municipios a facilitar el acceso a tierras mediante créditos blandos para promover la producción agrícola local y regional, así como la recuperación de semillas y la superación de siniestros ambientales.

La ley prevé que al menos el 15% de los alimentos e insumos primarios adquiridos por los gobiernos federal, estatal y municipal provengan de productores de pequeña y mediana escala.

Además, se establece un programa de almacenamiento de reservas estratégicas de granos básicos y semillas, y se contempla la figura de emergencia alimentaria para casos de inestabilidad de precios o falta de alimentos en municipios o estados, con medidas para mitigar los efectos y garantizar las necesidades alimentarias de la población.